Gobiernos, mercado de trabajo y formación profesional: un análisis comparativo de España y Gran Bretaña

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Autor
Cruz CastroLaura
Fecha de publicación
2000
Editorial
Instituto Juan March
Serie
Trabajos de Investigación
Colección
CEACS: Tesis doctorales
Tipo
Monografías
Idioma
Español
Notas
Esta obra se presentó como tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid el 31 de mayo de 2000. El Tribunal\, compuesto por los profesores doctores D. Miguel Beltrán Villalva (Presidente)\, Dña. Isabel de la Torre Prado\, D. Felipe Sáez Fernández\, D. Joan Subitats i Humet\, y D. Carlos Prieto Rodríguez\, le otorgó la calificación de Sobresaliente "cum laude". Director de la tesis: José María Maravall. La tesis describe y explica la adopción de políticas de formación profesional en Gran Bretaña y en España por gobiernos conservadores y socialdemócratas desde principios de los ochenta hasta mediados de la década de los noventa. El objeto de la investigación es la adopción y el desarrollo de políticas de formación profesional divergentes como respuesta a problemas relativamente similares. Más en concreto\, la tesis responde a tres preguntas generales. En primer lugar\, cómo se explica que los gobiernos adopten estrategias diferentes para influir en los niveles de formación ante problemas económicos y déficits de cualificaciones similares; en segundo lugar cómo pueden combinarse estas políticas con las de empleo y protección social. Por último\, esta investigación se pregunta cómo los contextos institucionales y políticos\, y la combinación del ciclo económico y electoral afectan a las estrategias de los gobiernos con respecto a las políticas de formación. El argumento principal es que la selección del conjunto de políticas destinadas a influir sobre el volumen de inversión en formación\, y los niveles de cualificación de la población\, y a tratar de resolver el dilema entre empleo e igualdad\, depende principalmente de los partidos políticos en el gobierno y de sus preferencias ideológicas\, conectadas con el perfil de su electorado. Los argumentos empíricos que se exponen a lo largo de la investigación contradicen dos puntos de vista. Por una parte\, aquél que mantiene que las instituciones económicas\, en concreto las instituciones sindicales y empresariales\, determinan la naturaleza de las estrategias competitivas que puede seguir cada país\, de modo que una estrategia competitiva de alto valor añadido\, que compita en calidad y dependa de trabajadores cualificados sólo sería posible en un contexto institucional caracterizado por la coordinación con los interlocutores sociales. Según esta perspectiva\, aquellas economías carentes de estas condiciones competirían en precios y en costes laborales\, lo que llevaría a un aumento de la desigualdad si los mercados de trabajo están segmentados. Por otra parte\, la evidencia presentada en esta investigación no apoya aquellos estudios que subrayan la fuerza determinante de la internacionalización de la economía y señalan que la convergencia de políticas es el resultado del escaso margen de maniobra que a nivel doméstico tienen los gobiernos para elegir un tipo de estrategia competitiva u otra. Los arreglos institucionales de la economía\, y la interacción del ciclo económico y el electoral forman parte del contexto estratégico de las decisiones de los gobiernos. El papel que la formación\, la flexibilidad salarial y el sistema de prestaciones por desempleo juegan sobre la economía ha forzado a los gobiernos en las últimas décadas a escoger entre diferentes estrategias económicas por el lado de la oferta. El gobierno conservador puso en marcha una estrategia de desregulación del mercado de trabajo con el fin de favorecer la flexibilidad salarial y reducir los desajustes del mercado laboral\, y de reforma de los niveles de protección social para aumentar los incentivos al trabajo. La política de formación se diseñó desde principios de los ochenta como política de empleo\, y las estrategias con respecto a los distintos tipos de formación se unieron. La fusión institucional de la formación profesional inicial de jóvenes y la formación para el empleo de los desempleados fue una de las características principales de la política británica. La política de formación profesional reglada apenas se desarrolló. Aunque la estrategia cambió a lo largo del tiempo\, el conjunto de reformas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores británicos desde 1980 a 1995 creó un sistema de formación desregulado\, gestionado por las empresas a nivel local\, carente de instituciones tripartitas\, y obligatorio en su dimensión ocupacional para los perceptores de prestaciones por desempleo. Dado que la política de formación para el empleo se diseñó no como política de inversión sino como política de transferencias\, el gasto en formación profesional fue anticíclico\, de modo que creció en épocas de desempleo y se redujo en épocas de recuperación económica. Los costes de la formación para desempleados fueron asumidos por el Estado y los de la formación continua por las empresas\, pero optando por no imponer ningún tipo de impuesto o contribución empresarial obligatoria. La política conservadora se centró en los individuos y procuró aumentar su empleabilidad mediante la flexibilización de los salarios\, y mejorar los incentivos a la inversión individual en formación a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Cualificaciones. El diseño de los contenidos y la certificación de los conocimientos se situó en el sistema productivo y no en el sistema educativo. En conjunto\, la política de formación profesional británica favoreció la inversión en cualificaciones profesionales específicas de puestos de trabajo más que en cualificaciones generales. Los gobiernos socialdemócratas en España integraron las políticas de formación profesional de desempleados y la continua en la política de empleo y no en la educativa. Los objetivos de estas políticas se vincularon a la reducción de los costes de la inserción laboral de los jóvenes\, la flexibilización del mercado de trabajo\, y el aumento de la inversión empresarial en formación\, y en mucha menor medida a aspectos salariales. El gasto en formación para el empleo fue procíclico\, aumentó en épocas de crecimiento y disminuyó en relación al gasto pasivo o de protección social en épocas de aumento del desempleo. La política de formación profesional inicial se diseñó específicamente para aumentar la cobertura de las enseñanzas medias técnico-profesionales\, y se integró en la política educativa adoptando un modelo escolar que favoreció la provisión de cualificaciones generales transferibles entre familias profesionales. Aunque el diseño de los contenidos de la formación se situó en el sistema productivo\, la certificación de la misma se mantuvo en el sistema educativo. La formación profesional inicial no se encuadró en la política de empleo. La política de los gobiernos socialistas con respecto a la formación continua se centró en las empresas y no en los individuos. La estrategia para aumentar el volumen de inversión privada en formación llevó al mantenimiento de las cuotas empresariales de formación profesional y a la creación de una institución bipartita para la gestión de la formación de ocupados\, en la que los empresarios y los sindicatos tendrían unos recursos y un poder similares. El resultado fue un sistema de formación continua regulado en términos de financiación pero poco intervenido y en el que la provisión y financiación serían fundamentalmente privadas. La diferencia de objetivos y la separación de las poblaciones objeto de cada política contribuyeron a la ausencia en la práctica de un sistema nacional de cualificaciones que estableciese correspondencias entre la formación del sistema educativo y la del sistema productivo y de empleo\,M.24471-2000 Laura Cruz Castro.José María Maravall\, director de tesis. 23 cm. Tesis doctorales / Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones\, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales ; 25 Includes bibliographical references (p. [353]-382)
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